19 de mayo de 2008, 02:16 PM
La Habana, 19 may (EFE).- Las autoridades cubanas acusaron hoy al jefe
de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Michael
Parmly, de servir de correo para los disidentes y trasladar dinero
procedente de una fundación supuestamente dirigida por Santiago Álvarez,
acusado de terrorismo por Cuba.
Según la acusación, basada en supuestos correos electrónicos enviados
por la opositora Martha Beatriz Roque que fueron mostrados en
conferencia de prensa, Parmly trasladó "cartas" -palabra que la
seguridad del Estado interpreta como dinero- a los "mercenarios", como
denomina el Gobierno a los disidentes.
Además, fueron mostrados supuestos recibos de pago con la firma de Laura
Pollán, de la organización Damas de Blanco -familiares de 75 disidentes
apresados en 2003-, y por el disidente José Luis García, alías "Antúnez".
Las cantidades supuestamente entregadas van desde los 200 a los 2.400
dólares.
La Directora para América del Norte de la Cancillería cubana, Josefina
Vidal Ferreira, señaló que diplomáticos estadounidenses actuaron "como
vulgares correos al servicio de un connotado terrorista de origen cubano".
La funcionaria dijo que Santiago Álvarez, supuesto director de la
"Fundación Rescate Jurídico", "desde su cómoda prisión se las arregla
para entregar dinero y ayuda material con el apoyo del jefe de la
Sección de Intereses en La Habana, el señor Michael Parmly".
Agregó que "resulta doblemente indignante y escandaloso" que
diplomáticos de EE.UU. "sirvan de emisarios y enlace entre un terrorista
y mercenarios en Cuba".
No obstante, la funcionaria descartó la presentación de una protesta
formal o la toma de acciones contra la SINA y dijo que La Habana espera
que "sea el Gobierno de Estados Unidos el que tome medidas en vías de
rectificar el comportamiento y la actitud de sus diplomáticos".
Vidal aseguró que las pruebas serán ampliadas en una serie de programas
monotemáticos del espacio "Mesa Redonda", de la televisión estatal
cubana, que habitualmente establece la posición oficial sobre distintos
temas.
Al ser preguntado sobre una eventual detención de disidentes como en
2003, cuando fueron condenados en Cuba 75 opositores a penas de hasta 28
años de cárcel, el director del Centro de Investigaciones Históricas de
la Seguridad del Estado, Manuel Hevia, dijo que "la investigación sigue
en curso".
Las condenas en 2003 tuvieron lugar después de que las autoridades
cubanas hicieran pública una denuncia de que los disidentes se habían
reunido con el entonces jefe de la SINA, James Cason, para conspirar.
Un diplomático de EEUU dijo en La Habana mediante un comunicado que no
han tenido acceso a las alegaciones del gobierno cubano, pero que es
"política estadounidense largamente seguida el proveer ayuda humanitaria
a los cubanos, específicamente (...) a los familiares de los prisioneros
políticos que son tratados pobremente por su propio gobierno".
Agregó que organizaciones privadas estadounidenses también pueden
hacerlo y que "esta ayuda no tiene propósito político", ya que busca
"satisfacer las necesidades diarias de familias que luchan para
sobrevivir en el sistema actual".
"Los diplomáticos estadounidenses deben atenerse a las regulaciones del
embargo cubano y otras leyes relativas a la ayuda foránea y a la
política estadounidense hacia Cuba", añadió.
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