Odelin Alfonso Torna
LA HABANA, Cuba, mayo (www.cubanet.org) - No creo que los "lacayos ó
cipayos", como suele llamarles el régimen cubano a los opositores
pacíficos, tengan entre sus prioridades promover la desobediencia en las
calles, y menos aparecer ante la prensa sedientos de protagonismo para
obtener la visa como refugiados políticos. Si quisieran, difícilmente
pueden hacerlo. La Seguridad del Estado determina quienes pueden o no
librarse del régimen.
Para juzgar como mercenarios a los que se enfrentan al totalitarismo,
las autoridades cubanas buscan fórmulas jurídicas que justifiquen, ante
la opinión pública local e internacional, una nueva ola de arrestos y
juicios sumarios.
Corren tiempos en los que el tolete no golpea las aceras para ahuyentar
el desorden público. Aún peor, en el bien dotado menú represivo se
insertan nuevas estrategias. Los mensajes de la prensa oficial
comandados a distancia por el alto mando, suben el tono, con el
propósito de denigrar a la disidencia interna en Cuba.
Omitir en la prensa oficial la identidad de los opositores y la
existencia de organizaciones pacifistas, es otro intentos fallido de
exclusión. Hacer mención del enemigo interno con nombre y apellido,
implica reconocer públicamente a una sociedad civil escapada del esquema
monopartidista y por ende, evitar un acercamiento de los que aún
permanecen atados condicionalmente al régimen.
Con Raúl Castro piloteando la nave, los sesudos de la Asamblea Nacional
del Poder Popular dicen que "trabajarán por la educación cívica de la
población". Nuevos ensayos e interpretaciones sobre el concepto de
"mercenario" se vienen encima de la oposición.
La policía política proyecta una oposición paralela, mientras que el
Ministerio de Justicia prepara nuevos instrumentos jurídicos que
justifiquen otra ola represiva, con la consigna de defender la
"soberanía nacional".
Cuba depositó el 9 de febrero de 2007, ante el Secretario General de las
Naciones Unidas, el Instrumento de Adhesión de la República de Cuba a la
Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la
Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. Un año y diecinueve días
después, el 28 de febrero de 2008, el canciller cubano Felipe Pérez
Roque firmó los pactos internacionales en materia de derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.
El artículo 1, inciso a, de la citada convención internacional,
establece que se entenderá por mercenario toda persona que haya sido
especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para combatir en
un conflicto armado.
La proclama del Consejo de Estado, publicada en la Gaceta Oficial de la
Republica de Cuba, con fecha del 7 de enero de 2008, "considera inútil e
irrelevante la inclusión en la definición de mercenario" en relación con
el articulo 1, párrafo 1".
Cuba pone en tela de juicio la definición de mercenario. Le es difícil
admitir que exista una variante de "soldado pagado", que sólo entre en
conflicto con sus ideas como armas, por el simple hecho de que se les
respeten sus derecho como ciudadano.
La disidencia interna se encuentra dentro del tubo de ensayo, agitándose
entre las manos de la casta que espera por la fórmula precisa en el
momento preciso.
La disidencia interna, sometida a la represión y a las continuas
manipulaciones mediáticas a cargo de la prensa oficial, sostiene que la
ayuda de las ONG en el exilio es necesaria.
El artículo 4, adjunto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, firmado por Cuba el 28 de febrero pasado enuncia: "En
situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y
cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los estados partes en
el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida
estrictamente limitada a las exigencia de la situación, suspendan las
obligaciones contraídas en virtud de este pacto".
A pesar de la viabilidad para maniobrar con determinados artículos
plasmados en ambos tratados internacionales y añadidos como instrumentos
y definiciones de carácter jurídico con el fin de socavar la lucha
pacífica en Cuba, el régimen se reserva algunas de sus obligaciones
pactadas.
El propio gobierno percibe e intenta probar, que la lucha pacífica de la
disidencia interna se inclina al terrorismo y a los conflictos armados.
Eso, sin dudas, le hace más fácil la tarea represiva.
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